Modificaciones en el Código Penal endurecen las penas por la utilización de software ilegal. Evita cualquier sanción con una verificación periódica mediante una Auditoría de Software
Durante 2015 España registró un récord de acciones legales y denuncias por tenencia y uso fraudulento de software. En total, según BSA, se recibieron más de 370, lo que supone un incremento del 17% respecto al año anterior.
A esto hay que sumar que, según un estudio de Microsoft Digital Crimes Unit, 6 de cada 10 ordenadores adquiridos con software ilegal tiene algún tipo de virus o malware, lo que provoca importantes brechas en la protección de los dispositivos profesionales como la pérdida de datos del negocio en el 73% de casos o los fallos críticos en un 43%.
La falta de seguridad se traduce en pérdidas económicas. Aquellas organizaciones que están permitiendo que sus trabajadores instalen software ilegal, abren las puertas a la intrusión de malware empresarial. De hecho en 2014, las pérdidas a nivel mundial ascendieron a 500 billones de dólares. Así que es muy importante que las empresas vigilen el software que han instalado en su compañía.
Sin embargo, el dato más sorprendente es que España se sitúa entre los diez primeros puestos dentro de los países que más se benefician en valor absoluto del aumento del software con licencia. Extender el uso legal de software en tan solo un 1% implicaría un incremento aproximado en el PIB de 1.500 millones de euros.
Consecuencias legales:
El pasado 1 de julio de 2015, entró en vigor la reforma del Código Penal que ha endurecido las penas a empresarios y empresas por el uso de software sin licencia, alcanzando hasta 4 años de prisión y el cese de la actividad de la compañía.
La principal modificación del Código Penal se encuentra entre los artículos 270 y 272. En la normativa anterior se excluía a las empresas que vendían software ilegal. Ahora abarca también el ánimo de lucro indirecto, incluyendo la utilización de software fraudulento en el entorno empresarial o en aquellas webs que se beneficien con la incorporación de publicidad.
Desde la entrada en vigor del nuevo reglamento los directivos de las empresas pueden quedar también expuestos a penas de cárcel en caso de incurrir en el uso fraudulento del software. Antes la responsabilidad recaía en la empresa.
Las compañías solo podrían disminuir las penas si establecieran un modelo adecuado de organizaciones de gestión. De esta manera, la compañía puede demostrar que ha puesto en marcha un sistema que minimiza el riesgo de incurrir en la utilización indebida de software.
Entre los puntos más importantes, el Código Penal estipula: que la empresa dote de recursos financieros para impedir que la organización cometa este delito, que establezca un sistema disciplinario que sancione correctamente el incumplimiento de las malas prácticas o que lleve a cabo una verificación periódica mediante una Auditoría de Software. TUYÚ Technology contribuye a la mejora de la gestión de activos gracias a las importantes ventajas que aporta BigFix. Su servicio de control y revisión de los programas de la organización facilita el flujo de trabajo y mejora el rendimiento en el ámbito empresarial.
Consecuencias penales:
En el caso de los directivos y los empleados se establece prisión que va desde los 6 meses hasta los 4 años y/o multa de 12 a 24 meses, lo que supone hasta 288.000 euros. Dependiendo del agravante las penas podrían incrementarse hasta los 6 años de prisión y las multas hasta los 432.000 euros.
Para la persona jurídica, es decir, la empresa, existen multas que van desde el doble al triple del beneficio obtenido, la disolución de sus actividades o la clausura de los establecimientos por un periodo de hasta cinco años así como la inhabilitación para contratar con el sector público hasta 15 años.
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